III. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DICTÁMENES DELMINISTERIO PÚBLICO FISCAL ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Somos todos: Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y  el Caribe

A) El acceso a la educación de las personas con discapacidad

ö Naranjo, Emiliano Pablo c/ Universidad Nacional de La Matanza1

Síntesis
La cuestión a dilucidar en el caso consistió en determinar si la negativa a inscribir en la carrera de
educación física a quien padece una discapacidad motriz, sobre la base de que no reúne las condiciones
físicas para la cursada, vulnera el derecho de acceso a la educación de las personas con discapacidad.
Emiliano Pablo Naranjo, quien tiene una deficiencia motriz, inició una acción de amparo contra la
Universidad Nacional de La Matanza a raíz de la negativa de esta última a inscribirlo en el profesorado
universitario en educación física pues, argumentó, no reunía las condiciones físicas para la cursada.
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó
a la Universidad Nacional de La Matanza inscribir a Naranjo y efectuar los ajustes razonables en los
métodos de examen, con el fin de que éste no resulte de imposible realización para el actor. Contra
ese pronunciamiento, la Universidad interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación
motivó la interposición de un recurso de queja.
En su dictamen de fecha 1 de junio de 2015, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, opinó que correspondía declarar admisible la queja, rechazar el recurso extraordinario y
confirmar la sentencia apelada. Así consideró que el nuevo modelo social de la discapacidad al que
adhirió el Estado argentino implica la realización de ajustes razonables y la prestación de apoyos

técnicos para el goce pleno de los derechos, lo que no atenta contra la autonomía universitaria. El
10 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso en los
términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación2.
Principales estándares del dictamen
a) La discapacidad también se encuentra determinada por las barreras sociales que limitan el ejercicio
efectivo de derechos
“ … cabe recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad —a la que recientemente se le otorgó jerarquía constitucional a través
de la ley n° 27.044— instaura un modelo social que implica que la discapacidad
no sólo se define por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o
sensorial, sino que también se encuentra determinada por las barreras o limitaciones
que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de
manera efectiva (Corte Interamericana de Derechos Humanos, ‘Caso Furlán y
familiares vs. Argentina’, sentencia del 31 de agosto de 2012, párr. 133; dictamen
de esta Procuración General en la causa S.C.P. 698, L. XLVII, ‘P., A. C. S/ insania’,
emitido el 21 de febrero de 2014)”.
b) El nuevo modelo social de la discapacidad impone realizar ajustes razonables y brindar apoyos técnicos
para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos
“El nuevo modelo social de la discapacidad implica la realización de ajustes
razonables y la prestación de apoyos técnicos para que las personas con discapacidad
puedan realizar plenamente sus derechos. En particular, resulta oportuno recordar
que, en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, los ‘ajustes razonables’ son aquellas modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos fundamentales en igualdad
de condiciones con las demás (art. 2)”.

2 Fallo completo de la CSJN disponible en http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento.html?idAnalisis=726344

16 | Derechos de las Personas con Discapacidad
c) La obligación de efectuar ajustes razonables no implica una intromisión ilegítima en las facultades
exclusivas de las autoridades federales
“…tampoco prospera el intento de la quejosa de demostrar que, en el caso concreto,
la inscripción del actor en el profesorado en educación física y la obligación de
efectuar ajustes razonables implican una intromisión ilegítima en el ejercicio de
facultades exclusivas de las autoridades educativas federales, en vez de, como
juzgó el a quo, una medida necesaria para resguardar los derechos constitucionales
del actor”.
d) La omisión de realizar de ajustes razonables solo puede justificarse si se demuestra que ello conlleva
una carga desproporcionada o indebida
“En este marco constitucional y legal, la recurrente se ha negado a realizar
ajustes razonables a fin de posibilitar que el señor Naranjo curse el profesorado en
educación física, sin demostrar que ello implique, en los términos de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una carga desproporcionada
o indebida. En el recurso bajo estudio, la quejosa se limitó a afirmar genéricamente
que el profesorado es una carrera eminentemente práctica y que, por consiguiente,
una persona con discapacidad física no podía completarla (…)”.
e) El Estado debe asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y garantizar que las
personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior y a la formación profesional
“… el artículo 24 [de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad] dispone que los Estados deben asegurar un sistema de educación
inclusivo en todos los niveles y garantizar que las personas con discapacidad
tengan acceso general a la educación superior y a la formación profesional. Estipula
también que, para hacer efectivo el derecho a la educación, se deben realizar
ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar medidas de
apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo
académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión (inc. 1,
aps. r, la y d, e inc. 5; en el mismo sentido, art. 3, Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General n° 5, párr. 35; Consejo de Derechos Humanos, Resolución 25/20, ‘El
derecho de las personas con discapacidad a la educación’, A/HRC/25/L.30, 24 de
marzo de 2014, párr. 8, aps. e y g)”.
“Por su parte, el artículo 6, inciso 6, apartado b, de las Normas Uniformes de

Derechos de las Personas con Discapacidad | 17
las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad prevé que se debe ‘permitir que los planes de estudio sean flexibles
y adaptables y que sea posible añadirles distintos elementos según sea necesario’
(en el mismo sentido, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Observaciones Finales sobre Argentina, CRPD/C/ARG/CO/ 1, 19 de octubre de
2012, párr. 37). A su vez, se ha enfatizado que es necesario que las personas
con discapacidad obtengan títulos y certificados de estudio en pie de igualdad
con los demás estudiantes para poder competir y formar parte de la fuerza de
trabajo (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, ‘Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad
a la educación’, A/HRC/25/29, 18 de diciembre de 2013, párr. 9). En particular,
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los
Estados a adoptar medidas para emplear maestros con discapacidad (art. 24, inc.
4) a fin de utilizar la diversidad como oportunidad para enseñar y aprender”.
“Por otra parte, en el ordenamiento jurídico nacional se sancionó la ley 25.573,
que reformó la Ley de Educación Superior (ley 24.521). Dicha reforma prevé que
el Estado deberá garantizar los apoyos técnicos necesarios y suficientes para todas
aquellas personas con discapacidad que quieran cursar estudios superiores (art.
2). Asimismo, establece que, entre las funciones básicas de las instituciones
universitarias, se encuentra la de ‘formar y capacitar científicos, profesionales,
docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad,
espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad
social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con
discapacidad’ (art. 3)”.
f) Las normas constitucionales de protección del derecho a la educación y de los derechos de las personas
con discapacidad son aplicables al ámbito universitario y no afectan su autonomía
“… las normas constitucionales de protección del derecho a la educación y las
referidas a los derechos de las personas con discapacidad —arts. 14, 16 y 75
incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional; artículo 13, inciso 2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 24 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad 1 y 3 de la Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad— resultan aplicables en el ámbito de la universidad, sin que pueda
alegarse que ello importa un avasallamiento de su autonomía (dictamen en la causa
S.C. U. 8, L. XLV, ‘Universidad Nacional de Córdoba c/ Estado Nacional s/acción
declarativa’, cit.)”.

18 | Derechos de las Personas con Discapacidad
B) El derecho a la salud de las personas con discapacidad

L., Edith Silvia c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto
Quirno3

Síntesis
En el caso se analizó cómo compatibilizar la obligación legal de cobertura médica asistencial de las
obras sociales y las empresas de medicina prepaga con el derecho a la salud y los derechos de las
personas con discapacidad.
Edith Silvia L., discapacitada en virtud de padecer una enfermedad autoinmune severa (lupus
eritematoso sistémico con compromiso renal y hematológico), demandó a la empresa de medicina
prepaga a la que estaba afiliada para que ésta le proveyera, con una cobertura del 100%, la droga que
se le había prescripto para tratar su afección, a pesar de que esa droga no había sido aprobada por
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ese uso.
La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución de la jueza de grado
que había admitido la acción de amparo y condenado al centro médico a proveer el medicamento.
Contra ese pronunciamiento, la empresa interpuso un recurso extraordinario, cuya denegatoria motivó
la presentación de un recurso de queja.
En su dictamen de fecha 28 de mayo de 2013, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, opinó que correspondía hacer lugar a la queja y rechazar el recurso extraordinario. Ello pues
entendió que no era arbitraria la valoración del juez sobre la conveniencia y la razonabilidad del uso
de la droga para el tratamiento de la enfermedad. Dos años después, el 20 de mayo de 2015, la Corte
Suprema resolvió que debía hacerse lugar a la queja pero, en sentido contrario a lo dictaminado por
la Procuradora General, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de
Cámara por considerarla arbitraria, y dispuso que el tribunal dicte un nuevo pronunciamiento4.

3 “L., Edith Silvia c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC) s/ amparo” – L. 85 L XLVII. Dictamen completo
disponible en http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2013/AGilsCarbo/mayo/L_Edith_L_85_L_XLVII.pdf. Este dictamen se encuentra también analizado en el
cuadernillo dedicado a derechos económicos, sociales y culturales donde se desarrollan los estándares específicos de esa temática.
4 Fallo de la CSJN completo disponible en http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=711386

Derechos de las Personas con Discapacidad | 19

Principal estándar del dictamen
a) Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga están obligadas a brindar todas las prestaciones
que requiera la rehabilitación de las personas con discapacidad
“… En especial, en lo que atañe a las personas con discapacidad —como la actora
en este proceso (fs. 224)—, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga
deben brindar todas las prestaciones que requiera la rehabilitación del paciente,
así como, en la medida en que conciernan al campo médico asistencial, las demás
previstas en la ley 24.901 (artículos 1,2 y 38 de la ley citada)”.
“Esa interpretación ha sido recogida en la ley 26.682 que, en lo pertinente, establece
la obligación de las empresas de medicina prepaga de solventar los requerimientos
de las personas con discapacidad. Expresamente, al fijar el marco regulatorio para
ese sector, le impone ‘cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médica
asistencial […] el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con discapacidad
previst[o] en la ley 24.901 y sus modificatorias’ (artículo 7, ley 26.682)”.

C) El derecho a la rehabilitación

G., I. C. c/ Swiss Medical S.A.
5

Síntesis
La discusión fundamental del caso consistió en determinar el alcance del derecho de un niño con
discapacidad a la rehabilitación, en particular en lo concerniente a su derecho a la salud, a la
integralidad de las prestaciones, a la educación y al desarrollo de una vida digna.
El padre del niño I. G., quien padece una discapacidad mental y motora permanente y parcial, reclamó,
mediante un amparo, que la empresa de medicina prepaga Swiss Medical S.A. cubriera la cuota
del instituto educativo Rosario Vera Peñaloza de Bahía Blanca y la prestación de un “acompañante
terapéutico”. Igualmente, persiguió el reembolso de las cuotas del instituto y el reintegro de las sumas ya
abonadas en concepto de acompañante terapéutico por esos períodos. Por pedido del asesor tutelar, la litis
quedó integrada también con el Servicio Nacional de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad.

5 “G., I. C. c/ Swiss Medical S.A. s/ Amparo Ley 16.986” – S.C. G. 701; L. XLIX. Dictamen completo disponible en http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2015/
MSachetta/abril/GIC_G_701_L_XLIX.pdf

20 | Derechos de las Personas con Discapacidad
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia que había admitido el amparo y condenado a Swiss Medical S.A. y, en subsidio, al Estado
Nacional —Servicio Nacional de Rehabilitación de las Personas con Discapacidad— a cubrir las
cuotas escolares del niño. Sin embargo, revocó la sentencia en lo que compete a la cobertura de
la prestación de “acompañante terapéutico”, a la que sustituyó por un “apoyo a la integración
escolar”, y la limitó a las horas de permanencia de I.G. en el establecimiento educativo. Contra ese
pronunciamiento la actora dedujo un recurso extraordinario, que fue concedido en lo vinculado con
la cuestión federal estricta y descartado respecto de la arbitrariedad alegada, sin que medie queja en
cuanto a ese extremo. Al momento de responder la vista conferida, la Defensoría Oficial ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación solicitó que se admitieran los agravios sobre la matrícula escolar y
sobre la integralidad del acompañamiento terapéutico.
En su dictamen de fecha 28 de abril de 2015, el Procurador Fiscal subrogante ante la Corte Suprema,
Marcelo A. Sachetta opinó que correspondía declarar procedente el recurso federal interpuesto y
revocar la sentencia de la Cámara con el alcance planteado en el recurso. El 16 de febrero de 2016,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso en los términos del artículo 280 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación6.
Principales estándares del dictamen
a) El Estado tiene la obligación de garantizar la rehabilitación y la educación, y de promover la inserción
de las personas con discapacidad
“En ese contexto, en cuanto al agravio referido a la cobertura de la prestación
por acompañante terapéutico, corresponde destacar que la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad —dotada de jerarquía constitucional
por la ley 27.044—, establece la obligación de garantizar la rehabilitación
y la educación y de promover la inserción de las personas con discapacidad (v.
Preámbulo, en especial, inc. ‘v’)”.
b) El Estado debe realizar ajustes razonables y facilitar medidas de apoyo a fin de garantizar el derecho a
la educación de las personas con discapacidad
“Por su parte, el artículo 24 [de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad] —referido a la educación— asegura este derecho sin discriminación,
y sobre la base de la igualdad de las oportunidades, a fin de desarrollar plenamente
el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto
por los derechos humanos, las libertades esenciales y la diversidad humana. Al

6 Fallo completo disponible en http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html?idDocumento=7280232

Derechos de las Personas con Discapacidad | 21
hacerlo efectivo, los Estados deben realizar ajustes razonables en función de las
necesidades individuales y facilitar medidas de apoyo personalizadas y efectivas en
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad
con el objetivo de plena inclusión (cf. art. 29, punto 1. a, Convención sobre los
Derechos del Niño; art. III 1. a, Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y
Observación General N° 1, Comité de Derechos del Niño, Propósitos de la educación,
26° período de sesiones, 2001, párr. 2)”.
c) El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar el acceso de las personas con
discapacidad a las prestaciones de rehabilitación relacionadas con la salud
“A su vez, tanto la Ley Fundamental como los tratados de derechos humanos
consagran el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental (arts. 42 de la Constitución Nacional, 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 24 de la Convención sobre los
Derechos del Niño). Se estipula allí que los Estados adoptarán medidas para
garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones de
rehabilitación relacionadas con la salud, proporcionarán los servicios que requieran
como consecuencia de la discapacidad y adoptarán medidas efectivas y pertinentes
para que estas personas puedan alcanzar y mantener la máxima independencia,
inclusión y participación en todos los aspectos de la vida (v., en esp., arts. 25 y 26
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)”.
d) El régimen de protección plena de la discapacidad atañe también a las entidades de medicina privada
“También incumbe recordar que, por imperio de las leyes 23.661 y 24.754, la
observancia del régimen de protección plena propio de la discapacidad, atañe —sin
distinción— a las entidades de la medicina privada (cfr. Fallos 330:3725), máxime,
a la luz de la posterior ley 26.682, que determinó que ellas deben cubrir —como
mínimo— el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad de
la ley 24.901 y sus modificatorias (v. CSJ 07/2013 (49-T); ‘T., M. e. y otro cl Centro
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quimo si sumarísimo’,
dictamen del 08/10/14 y sus citas)”.
e) Los jueces deben orientar sus decisiones en la protección especial de las personas con discapacidad
“… las personas con discapacidad, además de la especial atención que merecen de
quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren la de los jueces y de
la sociedad toda, y que la valoración primordial de su conveniencia es lo que viene

22 | Derechos de las Personas con Discapacidad
a orientar y a condicionar la decisión judicial en estos casos (cf. Fallos 327:2413,
entre otros)”.
f) Los niños y niñas con discapacidad gozan de tutela especial en razón de su situación de doble
vulnerabilidad
“En el marco descripto, no resulta acorde con la exégesis expuesta una interpretación
como la de la alzada, que restringe el tipo de cobertura que se le debe brindar a I.
G. que —cabe enfatizarlo— es una persona en situación de doble vulnerabilidad
por su condición de niño y de persona con discapacidad y, por lo tanto, acreedor
de una tutela especial (v. Corte Interamericana de Derechos Humanos, ‘Furlan
y Familiares vs. Argentina’, 31/08/12, párr. 134; y ‘Artavia Murillo y otros vs.
Costa Rica’, 28/11/12, párr. 292; e igualmente Fallos 327:2127; 332:1394). En
efecto, de las constancias de las actuaciones surge que la prestación ordenada
por los profesionales que asisten al menor fue la de ‘acompañante terapéutico’, y
que lo que llevó a la psicopedagoga a consignar la prestación como ‘apoyo escolar’
fue el requerimiento de la compañía demandada que rechazó toda facturación
en la que se le indicara la función real prescripta por el plantel asistencial (v. fs.
194/196)”.

D) El derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad

ö T., V. F. C/ Anses7

Síntesis
En este caso se analizó, entre otras cuestiones, si las prestaciones dirigidas a brindar un ingreso
básico de subsistencia y la cobertura de necesidades propias de la condición de discapacidad son
adecuadas al deber de garantizar una protección especial a niños y niñas con discapacidad.
La señora V. F. T., madre de J.N.T. —quien padece una seria discapacidad—, inició una acción de
amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Estado nacional, por
haberles revocado la prestación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que había sido concedida
por el término de un mes y discontinuada a fines del año 2009. La ANSES le había cancelado la

7 “T., V. F. c/ ANSES y otro s/ varios” – FRO- – 73023789/2011. Dictamen completo disponible en http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2017/VAbramovich/
febrero/T_V_FRO_73023789_2011.pdf

Derechos de las Personas con Discapacidad | 23
prestación pues entendió que, de conformidad con el artículo 9 del decreto n° 1602/09, existía una
incompatibilidad entre la AUH y la pensión provincial por discapacidad que el niño recibía. En efecto,
el artículo 9 del decreto n° 1602/09 establece que la percepción de la AUH resulta incompatible
con el cobro de cualquier suma originada en prestaciones contributivas o no contributivas nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario dejó sin efecto la decisión del juez de primera instancia que
había declarado la inconstitucionalidad del artículo 9 del decreto n° 1602/09 y ordenado a la ANSES
otorgarle a la señora V. F. T, en representación de su hijo menor con discapacidad, la prestación de
la AUH y abonarle las prestaciones adeudadas desde mayo de 2010. Contra ese pronunciamiento,
la madre del niño interpuso un recurso extraordinario, que fue concedido por la cuestión federal y
rechazado por la arbitrariedad planteada.
Con fecha 3 de febrero de 2017, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Víctor Abramovich, opinó que correspondía admitir el recurso, revocar la sentencia apelada y hacer
lugar a la demanda.
Principales estándares del dictamen
a) Los niños con discapacidad gozan de una especial protección a fin de garantizar el acceso a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo en condiciones de igualdad
“A ello cabe agregar la especial protección que los instrumentos internacionales y
las leyes prevén a favor de los niños con discapacidad a fin de garantizar su acceso
a un nivel de vida adecuado para su desarrollo en condiciones de igualdad (art. 75,
inc. 23, Constitución Nacional; arts. 6, 23, 24 y 27, Convención sobre los Derechos
del Niño; arts. 5, 7, 10, 17, 19, 25 y 28, Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad; arts. 8 y 26 de la Ley 26.601 de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes)”.
b) En los casos que involucran derechos sociales fundamentales de un niño con discapacidad, se debe
aplicar el máximo grado de prudencia en la verificación de los requisitos para la admisibilidad del amparo
“… [S]i bien la sentencia dictada en el marco de la acción de amparo no es de
carácter definitivo, la Corte Suprema ha hecho excepción de esa doctrina cuando
lo decidido produce un agravio de difícil o imposible reparación ulterior (Fallos
339:201, ‘Martínez’ y sus citas). Esas circunstancias excepcionales acontecen en
el caso puesto que, luego del tiempo que insumió la tramitación de la presente
acción, la promoción de un nuevo reclamo a través de las vías ordinarias podría
comprometer de modo irreparable la subsistencia de un niño con discapacidad”.

24 | Derechos de las Personas con Discapacidad
“Al respecto, la Procuración General de la Nación en el caso ‘Etchart’, registrado
en Fallos 338:1092, dijo que ‘resulta conveniente recordar la doctrina del Tribunal
en orden a que el requisito exigido por el artículo 2, inciso e, de la ley 16.986 no
puede constituir un obstáculo insalvable cuando el actor no enjuicia un acto único
de la autoridad sino una infracción continuada, extremo al que se suma la índole de
los derechos que se dicen comprometidos’. Esa doctrina, desarrollada en el marco
del reclamo de una prestación previsional periódica, fue compartida por la Corte
Suprema (considerando 6°) y remite a la expuesta en el dictamen de la Procuración
General registrado en Fallos 307:2174, ‘Bonorino Peró’, y en los precedentes de la
Corte Suprema de Fallos 324:3074, ‘Tartaroglu de Neto’; 329:4918 ‘Mosqueda’ y
335:44, ‘Koch’”.
“En el caso citado en último lugar, la Corte enfatizó que ‘el plazo establecido por el
art. 2°, inciso e, de la ley 16.986, no puede entenderse como un obstáculo procesal
infranqueable ni es aceptable la interpretación restrictiva de una vía consagrada
en la Constitución Nacional (art. 43), cuando como ha sido invocado y prima facie
acreditado en el caso se trata de la protección de derechos que trascienden el plano
patrimonial, comprometen la salud, y la supervivencia misma de los reclamantes (cf.
doctrina de Fallos 324:3074 y el allí citado r. 68 XXXVI ‘lmbrogno, Ricardo c/ I. O.
S. s/ amparo’ del 25 de septiembre de 2001)? (Fallos 335:44, considerando 6°)”.
“En el presente caso, la señora T. no controvierte un acto único, sino una omisión
arbitraria e ilegal de carácter continuado. En efecto, la AUH ha sido instituida
como una prestación dineraria periódica para el sostenimiento de las necesidades
generales básicas de niñas y niños, cuyos padres se encuentren desempleados o se
desempeñen en la economía informal (arts. 1 y 5, decreto 1602/09). La ANSES
ha omitido otorgar la prestación social periódica reclamada y, de este modo, se ha
configurado un estado de cosas potencialmente violatorio de derechos, que se inició
con el primer rechazo de la ANSES y persiste en el tiempo”.
“Además, en el sub lite se encuentra en juego la protección de derechos sociales
fundamentales de un niño con discapacidad que está en una situación de precariedad
económica. En particular, están comprometidos el derecho a la seguridad social,
que cubre los riesgos de subsistencia (art. 14 bis, Constitución Nacional y arto 9,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); el acceso a un
nivel de vida adecuado, que comprende alimentación, vestido y vivienda adecuados
y una mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11, inc. 1, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y el disfrute del más
alto nivel posible de la salud (art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales)”.

Derechos de las Personas con Discapacidad | 25
c) La prestación dirigida a brindar un ingreso básico de subsistencia y la prestación local destinada a la
cobertura de necesidades propias de la condición de discapacidad son compatibles por tener propósitos
diferentes
“… [L]a regla de incompatibilidad contemplada en el artículo 9 del decreto 1602/09
persigue un fin legítimo, esto es, evitar que se superpongan prestaciones que puedan
brindar diferentes sistemas públicos, incluso de diferentes jurisdicciones, en aras
de asegurar la sostenibilidad y coherencia de estos sistemas y el uso racional de
los recursos públicos disponibles. Sin embargo, y en función de esta finalidad,
el alcance de la incompatibilidad para acceder a la AUH debe limitarse, como
principio, a la percepción de otras prestaciones contributivas o no contributivas, que
tengan propósitos similares a la AUH, y cubran las mismas o análogas contingencias
y necesidades, pero sin alcanzar a aquellas otras que responden a fines diversos y
resguarden otros riesgos sociales”.
“Esta última circunstancia es la que se verifica en el presente caso, puesto que no
existe identidad entre la AUH y la pensión provincial por discapacidad instituida a favor
de la niñez. La prestación nacional y la local están dirigidas a satisfacer finalidades
diferentes y, por ende, no se superponen ni cubren los mismos riesgos sociales”.
“En conclusión, la AUH apunta al sostenimiento de un ingreso básico de subsistencia,
y la prestación local a la cobertura de necesidades propias de la condición de
discapacidad, por lo que, a la luz de la interpretación expuesta del artículo 9 del
decreto 1602/09, opino que son compatibles…”.

E) El derecho al voto de las personas con discapacidad mental

F., H. O.
8

Síntesis
En el presente caso se analizó el alcance de los principios y garantías inherentes al modelo social
de la discapacidad, en particular para determinar si una persona declarada incapaz puede ejercer el
derecho al voto.

8 “F., H. O. s/ artículo 152 ter. Código Civil” – CIV 83563/1997/CS1. Dictamen completo disponible en http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2016/VAbramovich/
abril/FHO_CIV_83563_1997.pdf. Este dictamen se encuentra también analizado en el cuadernillo dedicado a igualdad y no discriminación, donde se
desarrollan los estándares específicos de esa temática.

26 | Derechos de las Personas con Discapacidad
H. O. F. padece una enfermedad mental y en el año 2000 había sido declarado incapaz. Desde el año
2005, comenzó a expresar su deseo de votar en los comicios nacionales, renovando esa manifestación
en varias instancias evaluatorias. En el 2011 su curadora pública promovió su rehabilitación apoyándose
en los diversos informes sociales e interdisciplinarios que daban cuenta de que si bien H. O. F. requiere
supervisión, es una persona autónoma, que se hace entender, que podría prestar su consentimiento
informado, que comprende situaciones cotidianas y que ha expresado su deseo de votar.
La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución de primera
instancia que había rechazado el pedido de rehabilitación de H. O. F. y mantuvo la declaración de
incapacidad absoluta por demencia en los términos del artículo 141 del entonces vigente Código
Civil. En ese marco, confirmó la denegatoria del pedido de ejercicio del derecho al voto. Contra dicho
pronunciamiento, la curadora pública interpuso un recurso extraordinario que fue concedido por
existir cuestión federal.
En su dictamen del 6 de abril de 2016, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich
Cosarín, opinó que debía hacerse lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia recurrida. Para
ello, consideró que correspondía llevar adelante un examen estricto de las restricciones en el ejercicio
de los derechos políticos de las personas con discapacidad mental, en tanto se trata de un grupo en
situación de vulnerabilidad que ha sido objeto de discriminaciones históricas.
Principales estándares del dictamen
a) La sustitución o subrogación absoluta de la voluntad fue desplazada por el modelo social de la
discapacidad
“… con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad —dotada luego de jerarquía
constitucional a través de la ley 27.044— se produjo un cambio profundo del
enfoque acerca de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental.
Se abandonó el sistema de sustitución y subrogación de la voluntad, y se lo
reemplazó por un modelo social de la discapacidad que las concibe como titulares
y sujetos plenos de derechos, reconociendo en el artículo 12 de ese instrumento
internacional que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los
demás y que se debe disponer un sistema de toma de decisiones con apoyos y
salvaguardas proporcionales y revisables periódicamente (CSJ 698/2011 (47-P), ‘P.
A. C. s/ insania’, sentencia del 11 de diciembre de 2014, por remisión al dictamen
de esta Procuración)”.

Derechos de las Personas con Discapacidad | 27
b) La capacidad general se presume y la limitación para realizar determinados actos jurídicos es de
carácter excepcional
“… [el] modelo [social de la discapacidad] ha sido consagrado con mayor amplitud
en el Código Civil y Comercial de la Nación —ley 26.994—, que reconoce que la
capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume y que la limitación de
la capacidad para realizar determinados actos jurídicos es de carácter excepcional y se
impone en beneficio de la persona (arts. 31 y 32). Esta norma debe ser aplicada en la
solución del presente caso conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación según la cual si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas
sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a
las modificaciones introducidas por esos preceptos (conf. Fallos 318:2438; 325:28
y 2275; 331:2628; 333:1474; CSJ 118/2013 (49- V)/CS1, ‘V., C. G. c/ I.A.P.O.S. y
otros s/ amparo’, sentencia del 27 de mayo de 2014, entre otros)”.
c) También se presume la capacidad en relación con la restricción del derecho al voto
“Estos principios deben aplicarse respecto de la restricción del derecho al voto de
H. O. F., consagrado en los artículos 37 de la Constitución Nacional, 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y, de manera específica, en el artículo 29 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
d) El modelo social de la discapacidad obliga al Estado a avanzar gradualmente en la superación de las
barreras que impiden a las personas con discapacidad el ejercicio de derechos
“… el modelo social de la discapacidad que adopta la Constitución obliga a todo
el aparato del Estado a avanzar gradualmente en la superación de las barreras
sociales, culturales y jurídicas que impiden la plena participación de las personas
con discapacidad mental en el proceso electoral”.
e) La restricción de los derechos electorales a las personas con discapacidad mental afecta a quienes
resultan marginados y al sistema democrático en su conjunto
“Las personas con discapacidad mental han sido objeto de una exclusión sistemática
del cuerpo electoral y la discapacidad mental ha sido considerada históricamente
como un factor determinante para negar el ejercicio de la ciudadanía política. Esa
exclusión, como otras que han sido referidas, tiene un doble aspecto pues afecta a
quienes resultan marginados pero también al pueblo en su conjunto, debilitando la
representación y el sistema democrático…”.

28 | Derechos de las Personas con Discapacidad
f) La capacidad para ejercer el voto de una persona declarada incapaz debe decidirse a la luz del modelo
social de la discapacidad y puede incluir la designación de apoyos
“… la capacidad de H. O. F. para ejercer su derecho al voto no debió determinarse en
forma automática como consecuencia de su declaración general de incapacidad, en
los términos del artículo 141 del Código Civil, y de la aplicación del artículo 3, inciso
a, del Código Nacional Electoral, reproduciendo el viejo modelo de incapacitación.
Por el contrario, debió decidirse a la luz de los principios y garantías inherentes
al modelo social de la discapacidad adoptado por la Constitución Nacional y las
normas legales reglamentarias que imponían realizar una evaluación pormenorizada
y específica sobre la capacidad de H. O. F. para votar, y designarle apoyos en caso
de concluir que presentaba alguna dificultad para el ejercicio autónomo de ese
derecho”.
g) La limitación del ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad mental debe estar
sujeta a un examen estricto, pues se trata de un grupo históricamente discriminado
“… la limitación del ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad
mental, por la índole del derecho en juego y por el sujeto involucrado, que requiere
una protección preferente —artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional—
debe estar sujeta a un examen estricto”.
“… [L]es corresponde en particular a los jueces realizar un examen estricto de las
circunstancias que podrían fundar excepcionalmente una restricción en el ejercicio
autónomo de (…) [los] derechos políticos [de las personas con discapacidad]”.
“En igual sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso sobre el
derecho al voto de las personas con discapacidad mental, sostuvo que si la restricción
de ese derecho se dispone respecto de un grupo en situación de vulnerabilidad, que
ha sido objeto de discriminaciones históricas, el Estado debe esgrimir razones de
mucho peso para disponerla. La razón de este enfoque, afirma el tribunal, es que
estos grupos han sido objeto de prejuicios con consecuencias duraderas, dando
lugar a la exclusión social (TEDH, ‘Caso de Alajos Kiss v. Hungary’, sentencia del
20 de mayo de 2010, párr. 42). Por ende, afirmó: ‘una eliminación indiscriminada
del derecho al voto, sin una evaluación judicial individualizada (…) no puede
considerarse compatible con fundamentos legítimos para restringir el derecho al
voto’ (párr. 44)”.
“Por su parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
órgano de interpretación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Derechos de las Personas con Discapacidad | 29
Discapacidad, ha ido aún más allá pues consideró que el artículo 29 de dicho
instrumento no prevé ninguna restricción razonable ni permite excepción alguna
del derecho al voto respecto de ningún grupo de personas con discapacidad (CRPD,
Comunicación 4/2011 CRPD/c/10/D/4/2011, apartados 9.4 y 9.6)”.
h) El Estado está obligado a garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos en igualdad
de condiciones con las demás
“… [La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad] estipula:
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a: a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de
condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente
elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad
a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante (…) iii) La garantía de la libre
expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este
fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su
elección les preste asistencia para votar”.
i) La restricción del ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad es de carácter
excepcional y debe ser fundada
“De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y la legislación nacional, H. O. F. es capaz para ejercer el derecho al voto y su
restricción es de carácter excepcional. Para que dicha restricción, y su consecuente
exclusión del padrón electoral, resultara válida, se debió concluir que carecía de
capacidad para realizar ese acto político específico, a través de evaluaciones que
brindaran las razones concretas por las cuales no se encontraba en condiciones
de ejercer su derecho al sufragio de manera autónoma, y explicitar por qué esa
restricción resultaba beneficiosa para su persona y para la protección de sus
derechos…”.
j) No es posible mantener la categoría jurídica de “demente” a la luz del nuevo modelo social de la
discapacidad
“…estimo que el artículo 3, inciso a, del Código Nacional Electoral ha quedado
tácitamente derogado en virtud del nuevo régimen instituido por el Código Civil y
Comercial de la Nación (Fallos 322:1520)”.

30 | Derechos de las Personas con Discapacidad
“Entiendo que el tratamiento del punto reviste indudable interés público, pues
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le ha expresado
su preocupación al Estado argentino por la privación del derecho al voto de las
personas declaradas incapaces por vía judicial y le ha recomendado revisar el Código
Electoral y efectuar las modificaciones necesarias para alinearlo con los estándares
de la Convención (Observaciones finales sobre el informe inicial de Argentina, 19
de octubre de 2012, párrs. 47 y 48)”.
“Tal como se señaló, el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y
Comercial de la Nación, que implementa de manera más clara y precisa el modelo
social de la discapacidad, en consonancia con las directrices constitucionales.
El actual sistema de capacidad regulado por este código genera consecuencias
decisivas sobre la ley 19.945”.
“En efecto, en el ordenamiento jurídico argentino ya no existe la categoría jurídica
de demente o la incapacidad tal como era concebida por el artículo 141 del Código
Civil y sus concordantes”.
“El Código Civil y Comercial de la Nación prevé que el juez puede restringir la
capacidad para determinados actos siempre que estime que puede resultar un daño
a la persona o a sus bienes. En ese caso, debe designar los apoyos necesarios
especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades
y circunstancias de la persona. Según el nuevo régimen: ‘Por excepción, cuando
la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su
entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el
sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar
un curador’ (art. 32). Finalmente, la sentencia de restricción de la capacidad se
debe pronunciar, entre otros aspectos, sobre el régimen de protección, asistencia,
y promoción de la mayor autonomía posible, determinar el alcance de la restricción,
especificar las funciones y actos que se limitan y designar los apoyos (arts. 37 y 38)”.
“Es decir, en la actualidad, el sistema legal concibe a las personas con discapacidad
mental como titulares y sujetos plenos de derechos que ya no son dementes
ni incapaces pues lo único que se puede limitar es la autonomía para realizar
determinados actos jurídicos. Inclusive el supuesto de restricción de la capacidad
del artículo 32 —para el que se reserva el sistema de representación y curatela—
exige la implementación de apoyos previos a la declaración de incapacidad y es de
carácter estrictamente excepcional”.
“En este contexto, ya no es posible mantener la categoría jurídica de demente, en

Derechos de las Personas con Discapacidad | 31
los términos del artículo 3, inciso a, del Código Electoral, puesto que el Código Civil
y Comercial de la Nación, norma posterior específica de igual jerarquía, ha diseñado
un sistema en el que no se admite la limitación de la capacidad de los sujetos sino
únicamente de sus actos específicos”.

F) El derecho a gozar de movilidad personal con la mayor independencia posible

González Victorica, Matías y otro C/ EN-AFIP DGI9

Síntesis
Una de las principales cuestiones debatidas en el caso consistió en determinar el alcance del derecho
de las personas con discapacidad a gozar de movilidad personal con la mayor autonomía posible. En
particular, se discutió si resulta adecuado excluir de un beneficio de exención fiscal previsto especialmente
para personas con discapacidad, en virtud del nivel económico del grupo familiar al que pertenece.
Los padres de un joven que padece una discapacidad, promovieron una demanda contra la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por haber rechazado la autorización para comprar
un vehículo importado bajo el régimen de franquicia previsto en la ley n° 19.279 en beneficio de su
hijo. La AFIP había rechazado el beneficio, en razón de que el grupo familiar tenía una capacidad
económica que superaba los límites establecidos en la normativa vigente. Cuando el joven alcanzó
la mayoría de edad, su curadora provisoria adhirió a la demanda. Los actores impugnaron la
constitucionalidad del artículo 3 de la ley n° 19.279 y del artículo 8 de su decreto reglamentario n°
1313/93. Dicha ley organiza un sistema de beneficios con el objeto de facilitar a las personas con
discapacidad la adquisición de automotores para uso personal a fin de que ejerzan una profesión,
realicen estudios, u otras actividades (art. 1). Esta normativa establece que el beneficio fiscal no
alcanza a quien cuente con una capacidad económica “de tal cuantía que le permita [la compra del
automóvil] sin los beneficios de la ley” (art. 3, inc. c, párr. 4, ley n° 19.279). A su vez, el artículo 8,
inciso 3, del decreto no 1313/93 obliga a la AFIP a excluir del beneficio a determinadas personas en
función del patrimonio de su grupo familiar.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la
sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley n°
19.279 —texto según el artículo 1 de la ley n° 24.183— y del artículo 8 de su decreto reglamentario
9 “González Victorica, Matías y otro c/ EN-AFIP DGI-DTO 1313/93 s/ proceso de conocimiento” – CAF 20217/2005/CS1. Dictamen completo disponible en
http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2016/VAbramovich/abril/Gonzalez_CAF_20217_2005.pdf. Este dictamen se encuentra también analizado en el cuadernillo
dedicado a igualdad y no discriminación, donde se desarrollan los estándares específicos de esa temática.

32 | Derechos de las Personas con Discapacidad
n° 1313/93. Contra ese pronunciamiento, la demandada interpuso un recurso extraordinario, que fue
concedido en tanto objetó la declaración de inconstitucionalidad de la ley no 19.279 y del decreto
reglamentario.
En su dictamen del 26 de abril de 2016, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich
Cosarín, opinó que correspondía admitir el recurso, ratificar la sentencia recurrida con el alcance
expuesto en su dictamen y ordenar la realización de una nueva determinación de las condiciones de
acceso a la franquicia fiscal sobre la base de los parámetros allí señalados.
Principales estándares del dictamen
a) El Estado debe adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas, facilitar el acceso a tecnologías y
ayudas para la movilidad de calidad
“… el artículo 20 de la [C]onvención [sobre los Derechos de la Personas con
Discapacidad], bajo el título ‘movilidad personal’, dispone que los Estados deben
‘adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen
de movilidad personal con la mayor independencia posible’. Entre ellas, deben
‘facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en
el momento que deseen a un costo asequible’ (inc. a) y facilitar el acceso ‘a formas
de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos
técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición
a un costo asequible’ (inc. h)”.
b) Las tecnologías de apoyo, los dispositivos técnicos y las ayudas para la movilidad de calidad deben ser
accesibles en términos económicos
“Como surge del texto de la [C]onvención [sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad], el Estado asume la obligación de ‘facilitar’ el acceso a dichos
bienes, es decir, debe contribuir para que las personas con discapacidad puedan
disfrutar de la movilidad de calidad. A su vez, esas medidas de facilitación incluyen
la de poner a disposición esas condiciones de movilidad a un costo asequible. Esto
significa que las tecnologías de apoyo, los dispositivos técnicos y las ayudas para
la movilidad de calidad deben ser accesibles en términos económicos (Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, párr. 12; y
Observación General 15, párr. 27). Ello implica que el Estado puede ponderar las
dificultades y posibilidades económicas de cada persona, y paliar los obstáculos
económicos en función de las distintas situaciones”.

Derechos de las Personas con Discapacidad | 33
c) Las políticas públicas dirigidas a brindar una contribución económica a las personas con discapacidad
para adquirir y mantener un automóvil constituyen medidas de acción positiva
“… la ley 19.279 brinda una contribución de naturaleza económica, complementaria
al aporte individual realizado por el solicitante, y focaliza el apoyo exclusivamente
en un grupo intermedio de beneficiarios: aquellas personas con discapacidad que
cuentan con suficientes recursos para aportar una parte sustancial del precio del
rodado y para su mantenimiento, pero que no podrían acceder al bien sin contar
complementariamente con la franquicia fiscal. En la actualidad, dicha política se
puede considerar en el marco del mandato constitucional consagrado en el artículo
75, inciso 23, de adoptar medidas de acción positiva que promuevan el goce pleno
de los derechos de las personas con discapacidad. Además, debe ser leída como la
implementación de un conjunto de obligaciones emanadas de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, dotada de rango constitucional a
partir de la sanción de la ley 27.044”.
d) Las alternativas legales para garantizar las medidas de apoyo a un costo asequible constituyen una
cuestión de mérito o conveniencia, ajena al examen de constitucionalidad
“… corresponde poner de relieve que el Poder Legislativo cuenta con un amplio
margen para diseñar una política tendiente a implementar el deber constitucional
de facilitar el acceso a tecnologías y ayudas para la movilidad de calidad a un costo
asequible. Las distintas alternativas escogidas con dicha finalidad constituyen
una cuestión de mérito o conveniencia, por su naturaleza, ajena al examen de
constitucionalidad (Fallos 313:410, ‘Cook’, considerando 7°)”.
e) Las distinciones por capacidad económica para restringir un beneficio impositivo para adquirir un
automóvil son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos de las personas
con discapacidad
“Cabe destacar que la recurrente alega que la distinción normativa por capacidad
económica apunta a promover que la franquicia favorezca exclusivamente a aquellas
personas con discapacidad que requieren de ese beneficio impositivo para acceder
a un automóvil. Es decir, pretende facilitar la adquisición a las personas que, sin
esa contribución fiscal, se verían impedidas de acceder a un automóvil con ciertas
tecnologías para mejorar la realización de actividades y su inclusión social”.
“En este sentido, el fin de la distinción resulta compatible con el alcance de las
obligaciones previstas en el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Como se expresó, esta disposición estipula que los

34 | Derechos de las Personas con Discapacidad
Estados deben adoptar medidas efectivas para garantizar el derecho a la movilidad
personal. Entre las medidas que esa convención sugiere a tal efecto se encuentra la
de ‘facilitar’ el acceso a ‘tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para
la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a disposición a un costo asequible’
(inc. b)”.
f) Restringir un beneficio impositivo a aquellas personas con discapacidad que no se enfrentan con
obstáculos materiales para acceder a la movilidad de calidad resulta adecuado y razonable, y no puede
reputarse como un trato diferenciado prohibido
“En mi opinión, el criterio de distinción normativa del artículo 3 de ley 19.279
encuentra una justificación objetiva, fundada y razonable pues la norma tiene en cuenta
que el bien resulta asequible para las personas que superan la capacidad económica
prevista dado que pueden acceder a un automóvil con ciertos dispositivos sin la ayuda
fiscal complementaria. En consecuencia, la restricción impuesta en la ley no implica la
exclusión de los solicitantes con mayor capacidad económica del acceso a la movilidad
de calidad, sino que cumple adecuadamente con la finalidad de dirigir la ayuda estatal
hacia quienes requieren de ella para acceder a un automóvil”.
“Además, existe un razonable interés estatal que justifica la restricción en el
acceso a la exención fiscal de aquellos que poseen mayor capacidad económica.
De este modo, el Estado logra concentrar su aporte económico complementario en
aquellas personas que requieren efectivamente de la ayuda fiscal para acceder a
determinados dispositivos técnicos y tecnologías, realizando un uso equitativo de
los recursos públicos que se destinan a ese fin, lo que permite sostener en el tiempo
la política pública tal como ha sido diseñada por el legislador y asegurar que la
distribución de recursos económicos se efectúe con un criterio de justicia social
(Fallos 335:452, ‘Q. C. S.’, voto del juez Petracchi, considerando 16°)”.
“Bajo este enfoque, no extender el beneficio impositivo a aquellas personas con
discapacidad que no se enfrentan con obstáculos materiales para acceder a la
movilidad de calidad resulta adecuado y razonable, y no puede entenderse en modo
alguno como un trato diferenciado prohibido por la Constitución Nacional”.
g) Los deberes estipulados por el derecho internacional de los derechos humanos de las personas con
discapacidad están puestos en cabeza del Estado y no de los familiares
“… En efecto, todos los deberes convencionales estipulados a lo largo de ese
instrumento internacional están puestos en cabeza del Estado y no sobre sus familias
(en sentido similar, ver Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

Derechos de las Personas con Discapacidad | 35
los Derechos Humanos, ‘Estudio temático sobre el derecho de las personas con
discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad’, 12
de diciembre de 2014, A/HRC/28/37, párrs. 35 y 36)”.
“Esta diferencia entre la índole de las obligaciones del Estado y los deberes
familiares está reconocida también respecto de otros derechos en el campo de la
política social (artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, art. 3, inc. o,
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores)”.
h) El deber estatal de adoptar medidas para facilitar el acceso a dispositivos que contribuyan a la movilidad
de calidad de personas con discapacidad no puede quedar dispensado por el apoyo de su grupo familiar
“A su vez, el deber constitucional del Estado de adoptar medidas para facilitar
que las personas con discapacidad puedan acceder a tecnologías, dispositivos
técnicos y ayudas para la movilidad de calidad a un costo asequible, tal como lo
establece el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, no puede quedar dispensado por el apoyo que la persona reciba de
su grupo familiar…”.
“…En este orden de ideas, la ponderación de la situación económica de la familia no
resulta un medio adecuado para asegurar que todas las personas con discapacidad
que precisan de la franquicia para acceder a una movilidad de calidad queden
efectivamente incluidas dentro de la política de la ley 19.279”.
i) La situación patrimonial del grupo familiar no es un indicador objetivo que permita verificar la capacidad
económica de la persona con discapacidad
“…cabe analizar si la ponderación de la situación patrimonial del grupo familiar
es un criterio adecuado para determinar si una persona con discapacidad podrá
acceder a comprar el rodado sin la franquicia fiscal. Entiendo que no lo es, dado
que sobre la familia no existe una obligación legal que le exija contribuir en la
adquisición del vehículo, sino que su aporte es siempre voluntario y potencial Por
ello, no se trata de un indicador objetivo y fehaciente para verificar la efectiva
capacidad económica de la persona interesada, sino que es un indicador equívoco
que puede llevar a soluciones injustas que contradicen la finalidad protectoria de
la norma. Ello ocurriría por ejemplo si una persona con discapacidad que pudiera
calificar para el beneficio fiscal en función de su situación personal resultara
excluida únicamente sobre la base de la situación patrimonial de su familia aun en
el caso de que ésta no efectuara aporte alguno en la adquisición del rodado”.

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